Entre septiembre y diciembre de 2025, Bolivia vivió una transición política que, aunque se desarrolló con elecciones y relevo de gobierno en condiciones democráticas, deja señales mixtas sobre la salud institucional del país. Persisten dudas sobre la independencia judicial, con indicios de decisiones alineadas al poder político y un uso estratégico de casos de corrupción.

En paralelo, el nuevo gobierno muestra una orientación económica que profundiza el extractivismo, evidenciada en medidas como el Decreto Supremo 5503 (luego anulado), que buscaba agilizar inversiones en recursos naturales sin control legislativo ni consulta a comunidades.

En materia ambiental y territorial, se registraron 42 vulneraciones, principalmente vinculadas a la minería (60%), afectando sobre todo a pueblos indígenas (71%). La contaminación del agua, la deforestación y el avance sobre territorios continúan, en un contexto donde el acceso a la justicia es limitado y la impunidad alcanza al menos el 69%.

El panorama refleja una continuidad, e incluso intensificación, de políticas que priorizan la explotación de recursos por encima de derechos ambientales y territoriales, en un contexto de débil institucionalidad y alta conflictividad social.