La privatización de la industria de los hidrocarburos ha tenido un impacto significativo en los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN) en América Latina. Aunque estos ingresos han disminuido, los departamentos productores han visto un aumento, alcanzando niveles similares a los del gobierno central. Esta dinámica ha creado una fuerte relación de intereses entre las élites políticas regionales y las transnacionales.
Es crucial entender cómo se ha articulado esta relación, donde los intereses de las petroleras transnacionales se han alineado con las «necesidades regionales». Durante los años de privatización, esta unidad de intereses impidió la implementación de políticas nacionales que restringieran el capital transnacional y limitó la promoción de la inversión pública en el sector.
A medida que se ha comenzado a discutir la nacionalización de la industria hidrocarburífera, la resistencia transnacional ha crecido, apoyada por movimientos cívicos en los departamentos productores. Estos movimientos han llegado a convertirse en la base social para la defensa de la inversión privada extranjera, consolidando así la influencia de las transnacionales en la política regional.
