El litio se ha convertido en un recurso clave para la transición energética global. Su uso en baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento ha concentrado más del 60 % de la demanda mundial, una cifra que podría superar el 90 % hacia 2040. Este escenario ha intensificado la competencia por su control, posicionando a China como actor dominante en la cadena de suministro y con creciente presencia en América Latina, región que concentra más de la mitad de las reservas globales.

Este avance abre oportunidades económicas, pero también expone tensiones profundas. La expansión acelerada de proyectos de extracción e industrialización —muchos impulsados por empresas chinas— ejerce presión sobre ecosistemas frágiles, especialmente en salares altoandinos, donde el uso intensivo de agua genera impactos críticos. A esto se suman conflictos en territorios indígenas, donde en varios casos no se garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada.

El problema no es solo ambiental. Persisten debilidades en la gobernanza del sector: marcos normativos insuficientes, limitada capacidad estatal de fiscalización y escasa transparencia en los contratos. Estas condiciones favorecen dinámicas extractivas a gran escala con altos riesgos sociales, ambientales y políticos, que cuestionan la idea de una transición energética “limpia” si no incorpora criterios de justicia y sostenibilidad.

Este informe, elaborado por organizaciones de América Latina en el marco del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), analiza el rol de China en el sector del litio en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México. A partir de revisión documental y trabajo de campo, examina proyectos específicos, sus impactos y los desafíos que plantean para los derechos colectivos, la protección ambiental y la gobernanza.

Más allá del potencial económico, el documento plantea una pregunta de fondo: si el actual modelo de explotación del litio puede sostener una transición energética justa o si, por el contrario, reproduce las mismas lógicas extractivas que históricamente han generado desigualdad y degradación ambiental en la región.