Existen grandes coincidencias entre las normas bolivianas que conculcan derechos de libre asociación y las medidas adoptadas por el gobierno de Correa. Similares ataques se están dando en Perú y otros países del continente, lo que indica que el retroceso es generalizado y se encuentra vinculado, más que a los distintos regímenes políticos (progresistas o de derecha), a la exacerbación del extractivismo, modelo incompatible con el ejercicio de los derechos humanos y la democracia.