El estudio revela la existencia de 102 ataques relacionados con el extractivismo dirigidos a mujeres defensoras ambientales entre los años 2015 y 2022. El modelo extractivista se identifica como el factor determinante detrás de estas violencias, donde el contexto agresivo hacia las mujeres defensoras de Derechos Humanos en Bolivia se fusiona con las dinámicas económicas y las relaciones de poder.

El informe señala que la pérdida de soberanía territorial ha llevado a la necesidad de autodefensa de las comunidades y expone cómo las amenazas a las defensoras se han intensificado por la prevalencia de los intereses económicos. Las recomendaciones del estudio incluyen la creación de alianzas estratégicas, la capacitación y el fortalecimiento de capacidades en los territorios, así como la mejora de la seguridad en las comunicaciones y la difusión de información.