Comunidades de la Chiquitanía se declaran libres de extractivismo agroindustrial y minero y exigen proteger el agua y sus territorios
Organizaciones indígenas y comunidades de distintas zonas de la Chiquitanía aprobaron una resolución de ocho puntos para frenar los desmontes, exigir fiscalización ambiental y defender las fuentes de agua. El documento también reclama respuestas de las autoridades ante las denuncias de afectaciones ambientales y vulneraciones de derechos.
Los días 23 y 24 de octubre, representantes de comunidades indígenas, organizaciones territoriales y defensoras y defensores ambientales se reunieron en Santa Cruz de la Sierra para participar en el Encuentro de Comunidades y Defensores y Defensoras afectados por el Agroextractivismo en la Chiquitanía, bajo el lema “Por el derecho al agua, al territorio y a un medio ambiente sano”.
El encuentro se realizó en el Salón Mahatma Gandhi de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y permitió compartir experiencias de defensa territorial, analizar los impactos del avance agroindustrial y construir una posición común frente a problemas que afectan a las comunidades: la deforestación, los incendios, las fumigaciones con agrotóxicos, la expansión de la frontera agropecuaria y la presión sobre ríos, nacientes y otras fuentes de agua.
Como resultado de las dos jornadas, las organizaciones participantes aprobaron un voto resolutivo de ocho puntos y declararon los territorios de la Nación Chiquitana “libres de extractivismo agroindustrial y minero”. La resolución plantea demandas dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de medidas para fortalecer la protección comunitaria del agua, los bosques y la biodiversidad.
Una resolución construida desde los territorios
El documento recoge las preocupaciones y demandas de autoridades indígenas, organizaciones de mujeres y comunidades que enfrentan distintas formas de presión sobre sus territorios. Entre sus principales exigencias está detener la deforestación masiva y dejar de autorizar nuevas dotaciones de tierras, derechos mineros, desmontes y autorizaciones de operación en la Chiquitanía.
Las organizaciones advierten que la pérdida de bosques y la intervención sobre ríos, nacientes y humedales agravan la crisis hídrica y afectan las condiciones de vida de las comunidades. Por eso, la defensa del agua atraviesa toda la resolución: no se limita al acceso al recurso, sino que comprende la protección de los ecosistemas, la alimentación, los derechos colectivos y la continuidad cultural de los pueblos indígenas.
Estos son los ocho puntos aprobados:
1. Agua como eje.
Protección efectiva del derecho humano al agua; rechazo a actividades que destruyan bosques, contaminen o represen ríos y nacientes.
2. Territorios libres de extractivismo.
Declaratoria para la Nación Chiquitana; cese inmediato de dotaciones, derechos mineros, desmontes y AOP.
3. Protección hídrica y alimentaria.
Nacientes, humedales, zonas de recarga, evaluación de efectos acumulados, monitoreo comunitario, restauración.
4. Fiscalización y sanciones.
Bajo la Ley 1333, la Ley 1700 y el Código Penal.
5. Municipios y Gobernación.
Atender denuncias, fiscalizar e informar públicamente.
6. Río San Lorenzo.
Resolución del recurso de casación (Expediente 6755/2026) y debido proceso; el amparo NUREJ 10213477 es parte del mismo caso.
7. Solidaridad.
Chochis, Lomerío, demanda de la ORMICH y fumigaciones en San Ignacio de Velasco.
8. Ratificación.
La defensa del agua y los territorios como condición para la vida y la continuidad cultural.
Tres experiencias que muestran los desafíos en la Chiquitanía
Durante el encuentro se compartieron experiencias de distintos territorios que muestran cómo las comunidades se organizan para responder a las afectaciones ambientales y defender sus derechos.
El río San Lorenzo: una defensa comunitaria que continúa
En la TCO Turubó Este, en el municipio de San José de Chiquitos, las comunidades mantienen una lucha por la protección del río San Lorenzo. Según las denuncias comunitarias recogidas en el marco del encuentro, una hacienda ganadera habría represado el curso de agua, afectando el acceso al recurso.
La comunidad de Buena Vista y sus representantes han impulsado acciones de defensa territorial y procesos judiciales para buscar una respuesta al conflicto. La situación fue abordada durante el encuentro mediante exposiciones sobre las vulneraciones de derechos y la importancia de proteger el río.
La resolución incorpora una demanda específica para que el proceso judicial avance con garantías y una decisión debidamente fundamentada.
San Ignacio de Velasco: denuncias por fumigaciones
Otro de los temas abordados fue la documentación de vulneraciones de derechos relacionadas con fumigaciones con agrotóxicos en zonas próximas a comunidades indígenas de San Ignacio de Velasco.
Estas denuncias forman parte de las preocupaciones por los efectos de las actividades agropecuarias sobre los territorios y las condiciones de vida de sus habitantes. Las organizaciones plantearon la necesidad de atender las denuncias, fortalecer la fiscalización y garantizar la protección de las comunidades.
La resolución expresa su respaldo a estas demandas y las incorpora dentro de una agenda común de defensa del agua y el territorio.
San Antonio de Lomerío: monitoreo ambiental y organización comunitaria
En la TCO Lomerío, organizaciones indígenas como la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) y la Organización de Mujeres Indígenas de Lomerío (OMIML) impulsan procesos de formación de monitores y monitoras ambientales, además de iniciativas para conformar brigadas de bomberos comunales.
Estas acciones buscan fortalecer las capacidades locales para vigilar el territorio, identificar riesgos, generar alertas y responder ante emergencias ambientales. Al mismo tiempo, las comunidades enfrentan problemas relacionados con la disponibilidad de agua.
La experiencia muestra la importancia de fortalecer las iniciativas que ya existen en los territorios y conectar a las organizaciones para compartir información, aprendizajes y estrategias de defensa.
Organizaciones indígenas y sociales impulsaron el encuentro
La actividad fue impulsada por la:
- Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH).
- Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV).
- Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T).
Apoyaron:
- Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) Carrera de Sociología.
- PROBIOMA.
- Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
- PROCESO Servicios Educativos.
Hacia una agenda regional de defensa del agua y los territorios
Uno de los desafíos identificados durante el encuentro fue la dispersión de las iniciativas comunitarias. Aunque existen experiencias de monitoreo, documentación de afectaciones, organización territorial y defensa jurídica, las comunidades necesitan fortalecer los mecanismos para compartir información, coordinar acciones y responder de manera conjunta.
La resolución de ocho puntos constituye un pronunciamiento común y una base para avanzar en esa articulación. Las demandas planteadas interpelan a las instituciones públicas y buscan que la protección del agua, los bosques y los territorios se traduzca en decisiones y acciones concretas.
La agenda que las organizaciones buscan construir parte de las experiencias y prioridades expresadas por las propias comunidades: defender el agua también significa defender los territorios, los derechos colectivos y las condiciones que hacen posible la vida de los pueblos chiquitanos.
