E proceso de nacionalización petrolera en Bolivia, destacando su importancia para el desarrollo integral del país y su rol en el proceso de cambio comenzó en octubre de 2003, sin embargo, se señala que no fue el control legislativo, ejecutivo ni el recién creado mecanismo de transparencia en YPFB lo que reveló la corrupción existente, sino un crimen que destapó una red de corruptelas entre el sector público y privado, involucrando a miembros de la oligarquía de derecha.
Las denuncias gubernamentales sugieren que incluso la CIA ha estado implicada en los intentos de desestabilización del proceso de cambio. Esto resalta fallas estructurales en la fiscalización general y en la supervisión de las entidades productivas estatales, además de una notable falta de previsión y planificación por parte del gobierno. Asimismo, se plantea una crítica al «Control Social» establecido en la nueva Constitución, que aún no ha sido examinado a fondo en relación con estas problemáticas.