La crisis hídrica en San Ignacio de Velasco se ha convertido en un problema estructural que trasciende lo ambiental. La disminución drástica del acceso al agua, provocada por la sobreexplotación y el represamiento de fuentes hídricas, afecta directamente a las comunidades locales, cuyo sustento y cultura dependen de este recurso esencial. La falta de regulación estatal ha dejado desprotegido el derecho humano al agua, exponiendo a las comunidades a una situación de extrema vulnerabilidad frente a intereses privados.

Las consecuencias de esta crisis se extienden al medio ambiente y a la seguridad alimentaria. La deforestación y la alteración del ciclo hídrico han degradado los ecosistemas, afectando la biodiversidad, los suelos y la calidad del agua. La expansión de actividades extractivas sin control amenaza no solo los derechos de las comunidades, sino también la sostenibilidad de los recursos naturales para las futuras generaciones.

El impacto alcanza la producción de alimentos, ya que la escasez y contaminación del agua reducen las tierras cultivables y ponen en riesgo el derecho a una alimentación adecuada. Asimismo, se vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, limitando su capacidad de gestionar sus territorios y proteger su modo de vida.

Esta situación exige una acción estatal inmediata que garantice el acceso al agua, proteja los ecosistemas y respete los derechos humanos, culturales y ambientales de las comunidades de San Ignacio de Velasco.