Cinco años haciendo seguimiento a la situación de derechos en Bolivia | Cedib Informa
Durante los últimos cinco años, la situación de derechos humanos en Bolivia muestra más retrocesos que avances. Los reportes del Cedib Informa evidencian un deterioro sostenido del Estado de derecho y el espacio cívico con impactos directos en pueblos indígenas, defensoras y defensores ambientales y territorios afectados por los extractivismos.
2025
Este año la crisis se aceleró. Se registraron más de 120 vulneraciones a derechos humanos, principalmente contra el medioambiente, pueblos indígenas y defensores.
Se documentaron patrones de criminalización, negación de información y exclusión de comunidades, con responsabilidad estatal por acción y omisión.
Entre septiembre y diciembre, en un contexto de transición política, persistieron dudas sobre la independencia judicial y el uso estratégico de casos de corrupción.
El nuevo gobierno impulsó una agenda que profundizaba el extractivismo, como el intento del Decreto Supremo 5503, sin control ni consulta. Solo en este periodo se registraron 42 vulneraciones.
2024
Se profundizó el deterioro de los derechos humanos en Bolivia, marcado por la crisis judicial, el debilitamiento institucional y el aumento de ataques a defensores, pueblos indígenas y periodistas.
La persecución judicial en temas ambientales y el avance del extractivismo consolidan un escenario de desprotección para defensoras y defensores de derechos en el país.
Hechos como la irrupción militar en plaza Murillo y el incremento de la conflictividad reflejaron una mayor fragilidad democrática, en un contexto de desconfianza e inestabilidad en Bolivia.
2023
Se intensificó la crisis con más violencia y reducción del espacio cívico. Destacaron detenciones cuestionadas como las de Luis Fernando Camacho y César Apaza, muertes no esclarecidas (casos Fassil y otros), y denuncias sobre grupos armados vinculados a economías ilegales.
También emergieron escándalos como los abusos en la Iglesia, evidenciando fallas estructurales en la protección de derechos.
2022
La situación se agravó con mayor persecución política y uso excesivo de la fuerza en conflictos sociales (como ADEPCOCA y movilizaciones en Santa Cruz).
Persistieron ataques a periodistas y defensores en un contexto de impunidad, mientras el Estado impulsaba actividades extractivas en territorios indígenas y áreas protegidas, profundizando el deterioro institucional.
2021
Se configuró un escenario de alerta temprana: avance de actividades extractivas con irregularidades, debilitamiento del Estado de derecho y primeras señales de criminalización de defensores.
Se registraron ataques, amenazas y campañas de desprestigio, en un contexto de baja protección institucional y creciente vulneración de derechos de pueblos indígenas y del medioambiente.
